Fiscalías Ambientales de Perú, Brasil y Colombia articulan propuestas a favor de la Amazonía

Lima, 21 de octubre de 2019. En el marco de las actividades del III Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe (CAPLAC), la Coordinación de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA) de Perú, con el apoyo técnico de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), llevó a cabo el side event “Retos de las Fiscalías Ambientales en la región amazónica” en la ciudad de Lima.

El evento fue inaugurado por la Dra. Flor de María Vega, coordinadora de las FEMAs y por el presidente de DAR, Hugo Che Piu. Este encuentro tuvo como objetivo presentar propuestas de articulación y mejoras entre las Fiscalías ambientales en la región amazónica frente a la problemática y retos de abordaje para los delitos ambientales en dicha región.

Foto: DAR

Edgardo José Pacheco Ochoa, Fiscal Especializado del Eje Temático de Protección a los Recursos Naturales y el Medio Ambiente de la DECVDH de Colombia propuso utilizar los canales de comunicación existente entre las fiscalías ambientales de la región amazónica y generar nuevos canales para incentivar el intercambio de información mediante acciones bilaterales; perfeccionar el control y vigilancia de las actividades vinculadas a los recursos naturales y conexos, así como adelantar investigaciones estructurales y operativos conjuntos y articulados entre las Fiscalías Ambientales de la Región Amazónica.

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Por su parte, el Dr. Fernando Barreto, Fiscal Ambiental del Ministerio Público de Maranhao de Brasil, demandó mayor transparencia de toda la información ambiental para los ciudadanos y establecer flujos de informaciones en los Ministerios Públicos Ambientales Latinoamericanos. Asimismo, destacó la necesidad de contar con agentes especializados de la Policía Nacional en medio ambiente a las que se les debe facilitar información no necesariamente exclusiva del daño ambiental, sino de aquella información previa, como los antecedentes del caso.

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En el caso peruano, el Dr. Julio Guzmán, procurador de la Procuraduría Pública especializada en Materia ambiental del Ministerio del Ambiente de Perú, advirtió que en el 2018, la ilegalidad extraída de comunidades nativas fue de 45% y de bosques locales fue de 41%. Precisó que la tala no solo tiene que ver con la extracción del árbol para comercializarlo, sino que tiene  que ver con la deforestación, de cuyo porcentaje, asumiendo que sea el 100 %, el 94 % está originado por monocultivos, cambio de uso de suelo y otros, y solo el 6 % está vinculado a la tala selectiva. Sin embargo, los esfuerzos del Estado son por la tala selectiva y no por los problemas del 94%, que a su vez tiene que ver con la corrupción en entrega de derechos para la extracción de recursos.

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Asimismo, el procurador Guzmán indicó que uno de los grandes problemas es que se han hecho modificaciones solo en el campo penal  y se ha descuidado el fortalecimiento de otros espacios de control social como el derecho administrativo. En consecuencia, frente a un daño ambiental se aplican penas pero se olvidan de la reparación al no saber cuánto cuesta, por ejemplo, un bosque. Por eso, una de sus propuestas es mejorar las metodologías de valoración económica del daño ambiental, lo cual se podrá lograr si las entidades públicas mejoran la información de sus plataformas.

Por otro lado,  en representación de la Fiscal coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental del Perú, el Dr. Walter Gutiérrez señaló que los retos que enfrentan nuestros fiscales en materia ambiental es la propia extensión territorial de la Amazonía que dificulta el acceso al lugar donde se está cometiendo el delito y a su vez dificulta a los pobladores que habitan en dichas zonas remotas o poco accesible de acudir a denunciar ante las autoridades correspondientes. Asimismo, se señaló que en el caso de Loreto, las autoridades regionales han sido controvertidas en el otorgamiento de derechos forestales, pues OSINFOR determinó que muchos permisos, títulos de aprovechamiento y demás se han dado sobre bosques inexistentes.

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Finalmente, se reiteró en la escasez de agentes que aplican la ley (policías) en dichas zonas, por ejemplo en Madre de Dios solo hay cinco efectivos y las fiscalías no tienen el apoyo de agentes especializados.

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