Líderes indígenas manifiestan su preocupación a CIDH por crisis de los derechos humanos en Colombia

En el marco del 180 Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la comisionada Antonia Urrejola Noguera sostuvo una reunión con la sociedad civil, con el objetivo de conocer la situación de los derechos humanos en la región. La sesión se llevó a cabo de manera virtual el 28 de junio. Entre los asistentes, y con el apoyo técnico de DAR, participaron Oscar Daza, Coordinador de Derechos Humanos y Paz de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) y representante del Programa para la Defensa de Defensores y Defensoras Indígenas (PDDD) de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA); así como Carlos López, presidente de la Asociación de Cabildos Indígenas del Municipio de Villagarzón Putumayo (ACIMVIP).

Por la defensa de defensores y defensoras

Durante su intervención, Oscar Daza, indicó que, en Colombia, tienen una problemática clara, debido a los grupos armados ilegales, dentro de los cuales los pueblos indígenas han sido víctimas: “Cada día, nuestras comunidades son presionadas para cultivar cosas ilícitas, el narcotráfico. En ese contexto, vemos omisión del gobierno colombiano para solucionar ello”. Así, señaló que, como dirigentes indígenas, ven atropellados sus derechos, que solo reflejan una realidad latinoamericana, siendo Colombia el lugar más peligroso del continente para ejercer la defensa de los derechos humanos.

Por la vida de los pueblos de la Amazonía

A su turno, Carlos López, presidente ACIMVIP, hizo un llamado para que el Estado de Colombia respete la vida de los pueblos indígenas y respete sus derechos colectivos, como el derecho a la consulta ya la “no incursión de empresas extractivas y multinacionales en territorios indígenas”.

Crisis de derechos humanos en Colombia

Después de escuchar a los diferentes representantes de la sociedad civil de Colombia, la Comisionalda Urrejola agradeció cada una de las intervenciones e indicó que le preocupa el señalamiento de personas investigadas y amenazas por su labor como defensoras. En ese sentido, dijo que, desde la CIDH cuentan con el mecanismo de las Medidas Cautelares, para quienes reciben amenazas de muerte.

Criminalización de defensores y defensoras indígenas

Un tema que también se resaltó en la sesión fue la situación de persecución y criminalización que sufren los y las defensores indígenas en contextos de actividades extractivas: “Sufrimos por defender nuestros territorios frente a las actividades extractivas inconsultas. En ese contexto, desde la COICA y sus organizaciones miembros de los nueve países amazónicos, venimos implementando el Programa de Defensa de Defensores y Defensoras Indígenas (PDDD), con el objetivo de contar con una línea de apoyo legal e incidencia para la defensa jurídica a los hermanos y hermanas que están siendo criminalizados y criminalizadas”, indicó Óscar Daza. Así, indicó que uno de los casos que vienen acompañando desde el PDDD es del líder indígena Antonio Vargas, de la Nacionalidad Kichwa, quien viene siendo perseguido por su trayectoria como defensor de los derechos de pueblos indígenas: “Desde el año 2017, el hermano Antonio viene enfrentando un proceso por uso ilegal y tráfico de tierras. Paradójicamente, este proceso se ha dado en el marco del rol que el hermano Antonio tiene como gestor y colaborador en el proceso de diálogo para la restitución y legalización de territorios ancestrales de las nacionalidades asentadas en la ex hacienda Te Zulay (siete comunidades del Cantón de Pastaza)”, indicó Daza.

Finalmente, Daza dijo que, desde COICA, exigen que se libere a Antonio Vargas y que, si se dispondrá una sanción, ésta considere el origen indígena de Antonio Vargas y la obligatoriedad del Convenio 169 de la OIT: “Nosotros, desde el equipo del PDDD, estamos evaluando la presentación de una medida cautelar para Antonio, por eso queremos pedir a la CIDH que tenga como prioridad este caso y de ser posible emitir un comunicado público para el Estado ecuatoriano a fin de que se garantice sus derechos como indígena, más aún teniendo en cuenta la gravedad que representa el encierro en estas condiciones de pandemia”, puntualizó.