Sociedad Civil participó en el diálogo regional de América Latina y el Caribe en Ginebra

Lima 9 de diciembre de 2019. El día 27 de noviembre DAR participó en el Diálogo interactivo, dentro del side event: “Regional dialogue: lessons learned, challenges, innovation – Latin America and the Caribbean” (10:30 a.m. – 1:00 p.m.), organizado por el Grupo de Trabajo sobre empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En este espacio,  se desarrollaron algunas presentaciones y reflexiones de diferentes stakeholders sobre la Conducta Empresarial Responsable para América Latina y el Caribe con la finalidad de analizar los principales desafíos relacionados a los derechos humanos y las empresas en los países de ALC como también las lecciones aprendidas de los gobiernos emergentes, las empresas y la acción de la sociedad civil.

Esta sesión es parte del seguimiento de las tendencias y desafíos en la promoción del respeto empresarial por los derechos humanos en el contexto de cada región. El diálogo interactivo: “Mirando hacia el futuro, ¿cómo avanzar en la colaboración? ¿Se puede identificar una visión compartida de los desafíos y la acción?” fue moderado por Mauricio Lazala del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, resaltó la importancia de la implementación del proyecto CERALC en la región en los próximos  años. Según los Principios Rectores, la debida diligencia vinculante se puede realizar de forma más inmediata a los medios de legislación. De hecho muchos Estados ya tienen leyes sobre debida diligencia vinculante como la higiene y salubridad en el lugar de trabajo. Entonces porque no avanzar en otros aspectos de derechos humanos que lo están haciendo en muchos países en Europa. Asimismo declaró que no se van a resolver todos los problemas acá pero evidentemente se trata de identificar y analizar la situación, compartir las opiniones y evidencias.

También se abrió debate con participación de representantes indígenas y organizaciones de sociedad civil. Anabella Sibrián, representante de la plataforma internacional contra la impunidad, resaltó que hay 2 desafíos frente a la implementación del proyecto CERALC: El primero, específicamente el Derecho a la consulta libre previa e informada de los pueblos indígenas, instrumentos derechos humanos reconocidos internacionalmente pero todavía se puede avanzar más en la debida diligencia de los Estados y las empresas; por ejemplo escuchando a todas las comunidades indígenas que puedan ser afectadas por proyectos empresariales. En ese sentido, resaltó el caso Guapinol  (Honduras), la comunidad realizará una consulta sobre la concesión minera del Parque Nacional Carlos Escaleras (Montaña de Botaderos), que originalmente ha sido una área protegida donde se retomó una ley para su explotación. El segundo desafío, más allá de las capacitaciones en principios rectores es fundamental el compromiso de los gobiernos al más alto nivel desde la lucha contra la corrupción. Solo así tendrán la legitimidad para convocar a las sociedades civiles y a las empresas como nos reúne ahora en este espacio.

Además, Paula Paredes, representante de Pensamiento y Acción Social, explicó algunos puntos críticos sobre la elaboración de los Planes Nacionales de Acción  (PNA) sobre Empresas y Derechos Humanos en Colombia. En su país,  siempre ha sido una de las banderas dentro de estos escenarios ya que fue uno de los primeros países en tener un PNA, pero ciertamente en su proceso de elaboración , aprobación y en el proceso de actualización la característica principal ha sido la no contar con la participación de comunidades, ni con la participación de la sociedad civil .

Por nuestra parte,  se realizó una investigación en conjunto  con países de Argentina, Brasil, Perú y Colombia sobre minería transnacional y llegamos a la conclusión la falta de debida diligencia y  violaciones en derechos humanos por parte de la empresa son la principal característica. Asimismo, se sugirió replantear los PPRR debido a que tras 8 años de su implementación no ha mejorado las relación a la vulneración de derechos humanos. Se necesitan más medidas de tipo jurídicamente vinculantes porque la situación que tenemos es una especie de perpetuo donde las empresas no tienen obligaciones jurídicas, aspecto que consideramos fundamental cambiar. Es una realidad que lo voluntario no obliga ni compromete crear una institucionalidad de las empresas y Estados en el cumplimiento.

Además, DAR presentó el análisis del Barómetro Indígena Amazónico, una publicación elaborada por cinco organizaciones indígenas que han identificado una lista de seguimiento de casos sobre empresas que han vulnerado sus derechos en sus territorios. Además, este análisis ha sido vinculado a la debida diligencia  según criterios identificados y señalados en talleres participativos. Asimismo, se mencionó 2 puntos importantes como propuesta para la efectiva implementación de los Principios rectores en nuestra región:

  • Para que exista un efectivo compromiso por parte de las empresas es necesario Visibilizar la importancia de los PPRR a los inversionistas para que identifiquen e impulsen la implementación de estos PPRR como buenas prácticas dentro de su cadena de valor.
  • Asimismo para que se cumplan los criterios y estándares a lo largo del trabajo concertado sería de gran utilidad contar con asistencia técnica de las organizaciones internacionales que dan acompañamiento como la OIT y la oficina de NU en Perú.
Claudia Zúñiga exponiendo el Barómetro Indígena

Finalmente, como sesión se llegó a la conclusión que en diversos países de Latinoamérica: las jornadas de movilización, los “cacerolazos” y las personas en las calles, no solamente se desplazan por el tema de la corrupción sino también porque están cansados del modelo extractivista.