Gobiernos de Ecuador y Perú deberán atender demandas de pueblos indígenas frente a la reactivación económica

  • Se inicia la campaña para la moratoria del extractivismo en la Amazonía ecuatoriana “Ladrillo por Ladrillo”. Y en Perú más de 400 comuneros del pueblo Awajún ingresaron a la Estación 5 del Petroperú, provincia de Datem del Marañón, con el objetivo de exigir al Gobierno nacional un nuevo contrato social y ambiental urgente, frente a la reactivación de operaciones hidrocarburíferas y la expansión del coronavirus en sus territorios.
  • La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), así como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y sus aliados respaldan acciones tomadas por las comunidades.

Quito, 5 de agosto de 2020.- La crisis generada por la COVID-19 ha evidenciado las graves deficiencias estructurales en los Gobiernos de la cuenca amazónica, quienes aún no estarían tomando las medidas adecuadas para cumplir sus funciones de garantizar el acceso efectivo a servicios públicos como salud, agua y saneamiento que son básicos para evitar focos de contagio, pero que sí vienen tomando medidas para prevalecer la reactivación económica a costas de la integridad y vida de los más vulnerables.

En Ecuador, durante la cuarentena, comunidades de la provincia de Sucumbíos, Orellana y Napo se vieron afectadas por el derrame de petróleo ocurrido el pasado 7 de abril. A la fecha, luego de aproximadamente 4 meses, aún el Gobierno no ha remediado esta situación por lo que las comunidades siguen siendo afectadas de forma directa. Por ellos, los afectados por el derrame petrolero de la provincia de Orellana (Ecuador) han presentado una acción masiva de medidas cautelares ante la Judicatura de la ciudad de Coca para garantizar accedan a justicia, ante el silencio de las autoridades tras 119 días de acontecido los hechos y en resguardo de su integridad.

Esto en el marco de la campaña “Ladrillo por Ladrillo” impulsada por las comunas Kichwas de Orellana, bases de la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (FCUNAE), exigiendo la suspensión del bombeo del oleoducto que amenaza su supervivencia de las comunidades que viven en las riberas de los ríos Coca y Napo debido a la erosión regresiva en la zona por el derrame de hidrocarburos.

La campaña es un llamado a la inmediata suspensión de toda actividad petrolera, minera, maderera y cualquier otra actividad extractiva en los territorios de los pueblos indígenas durante la pandemia, que los ponga en riesgo. “Estamos al pie del Consejo de la Judicatura, en Orellana, poniendo nuestra acción o nuestra demanda en esta ocasión por la erosión del río Coca que prácticamente hemos sufrido ya están estamos sufriendo por varios días que no podemos hacer uso ni para el consumo [del agua]”, informó Carlos Jipa, presidente de la FCUNAE.

Las comunidades de Orellana demandan la suspensión de actividades hasta que se asegure al 100% que dichos hechos no vuelvan a ocurrir. Asimismo, demandan un sistema de alerta temprana con pertinencia cultural consensuada con las comunidades, un Plan de atención del riesgo que incluya tanto acciones de prevención como de atención.

Verónica Grefa, presidenta comunidad Toyuca, señaló que de nuevo vienen sufriendo impactos devastadores como cuando sucedió el derrame de unos meses atrás sin alimentación ni agua. “Sufrimos deslizamientos y derrumbes en las comunas, llevándose nuestros cultivos”. Además demandó un rol más activo del Estado. “No hemos tenido atención prioritaria ni las autoridades nos han alertado. No existe un plan de contingencia, ni han llegado al territorio a informarnos sobre los impactos” indicó. A pesar de los riesgos del coronavirus tanto ella como más miembros de la comunidad han salido a exigir medidas cautelares.

Pueblos indígenas frente a la COVID-19

Los pueblos indígenas son los más vulnerables frente a la COVID-19. Lamentablemente, no han sido visibilizados por los gobiernos ni cuentan con medidas efectivas para su protección. Ante la casi nula respuesta del Estado, los pueblos indígenas han suplido su papel, a través del “Programa de Defensa de Defensores y Defensoras Indígenas” de la COICA para canalizar e implementar medidas urgentes para que sus bases estén protegidas.

Es por ello que el 10 de julio pasado, la COICA y sus organizaciones bases nacionales de Perú, Ecuador y Colombia solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) intercedan ante sus gobiernos para exhortarlos a no vulnerar sus derechos y, de manera especial, protejan la vida y salud de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y situación de contacto inicial (Piaci) y de los defensores y defensoras indígenas de derechos humanos durante y post pandemia de la COVID-19, en el marco del 176 período de sesiones.

Durante la rueda de prensa, José Gregorio Díaz Mirabal, coordinador de la COICA, manifestó su solidaridad con las comunidades Kichwas y el respaldo a demandas que se acentúan en tiempos de pandemia. “Estamos preocupados por el exterminio físico y cultural de los pueblos y nacionalidades de la cuenca amazónica ante la COVID-19, que amenaza la desaparición física de nuestros hermanos y hermanas en la Amazonía”.

También señaló que los pueblos indígenas no se encuentran en contra del desarrollo, por lo que proponen una economía que respete a los pueblos y la Amazonía, dado que el ambiente se encuentra en un punto sin retorno si no lo cuidamos. Hizo mención a la protesta que, desde el 3 de agosto, viene realizando el pueblo Awajún en Perú en la estación 5 del Oleoducto Nor Peruano.

Los pueblos indígenas de Loreto exigen cumplimiento de compromisos, como el nuevo contrato social y ambiental, se atiendan las denuncias de contaminación petrolera y demandan ratificación del Acuerdo de Escazú. Y es que en marco del debate por la ratificación de este Acuerdo, Aidesep y sus nueve bases regionales emitieron un pronunciamiento exigiendo al Estado peruano la protección de las y los defensores indígenas con la ratificación de este acuerdo, pues se encuentran en una situación de desprotección y han sido foco de diversas amenazadas, ataques y, en algunos casos, asesinatos por actividades ilegales (minería informal, tala, etc.).

Por su parte, Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, también se sumó a los pedidos de las comunidades y a la moratoria de actividades extractivas en la medida que consideran que “el extractivismo, la explotación petrolera para los pueblos y nacionalidades ha generado simplemente crisis en toda la Amazonía”.

El mensaje de los pueblos indígenas de la cuenca amazónica es claro: la reactivación económica debe responder a sus demandas: desarrollo sostenible, resguardo de la naturaleza y respeto de sus derechos.