Defensores y defensoras indígenas exigen llamada de atención internacional a gobiernos de la cuenca amazónica

Quito/Bogotá/Lima/La Paz/Brasilia/Georgetown, 30 de septiembre de 2020.– El 28 de septiembre se realizó la reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sociedad civil en el marco de su 177 periodo de sesiones. En este espacio se hizo presente la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), organización indígena de carácter internacional que representa a los pueblos indígenas de los nueve países de la cuenca amazónica, cuya participación se dio a través de su Programa de Defensa de Defensores y Defensoras Indígenas (PDDD).

Michael McGarrell, de la nación Patamuna de Guyana y actual coordinador de Derechos Humanos y punto focal político del PDDD de COICA, indicó que “es nuestro territorio el que nos garantiza nuestra cultura, formas de organización tradicionales, espiritualidad, salud, recreación, conocimiento, integridad y vida misma. En tal sentido, defender el territorio para nosotros es defender la vida. Esta defensa nos expone a una situación de alta vulnerabilidad, donde aún en situación de emergencia sanitaria se han registrado muertes a causa de violencia y conflictos”.

Así también, desde Perú, Richard Rubio, vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), sostuvo que “desde abril hasta el 11 de septiembre último hemos sido testigos del asesinato de 5 defensores de derechos humanos en nuestro país, de los cuales 4 son indígenas, nos referimos a los hermanos defensores Arbildo Meléndez de Huánuco, Benjamín Ríos de Ucayali, Gonzalo Pío Flores de Junín y Lorenzo Wampagkit de Amazonas. Esto sin tomar en cuenta las amenazas a las comunidades por presuntos agentes ilegales”. Frente a ello indicó que urgen medidas coordinadas de manera multisectorial y que el Estado debe priorizar la aprobación de la ratificación del Acuerdo de Escazú en tiempo oportuno. Pues la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso viene sometiendo a debate la ratificación de este acuerdo por más de un mes sin tomar una decisión concreta y mientras se alarga esta decisión, no hay acceso a justicia para los hermanos indígenas asesinados.

Desde Ecuador, Andrés Tapia, dirigente de la Confederación de las Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), expresó que: “Producto de la posición firme de las organizaciones de base frente al extractivismo son frecuentes los procesos de persecución y criminalización a líderes y dirigentes. Tal es el caso del juicio por presunto delito de grupos subversivos contra Marlon Vargas, Presidente de la Confeniae, Andrés Tapia, Dirigente de Comunicación, Jaime Vargas, presidente de la Conaie y otros líderes amazónicos”.  A esto se han sumados procesos de hostigamiento e intimidación a los líderes comunitarios con seguimiento a sus familias que ponen en riesgo su integridad y la de sus comunidades.

En Brasil, Leany Torres, vicecacique General del pueblo Warao del asentamiento Ka Ubanoko -en representación de los pueblos Eñepa y Warao- solicitó atención internacional, por cuanto son pueblos indígenas venezolanos migrantes que se encuentran en una grave situación de vulnerabilidad producto de la ausencia de respuesta del estado de Brasil, que pretende desalojarlos el 28 de octubre próximo. Al respecto, Leany comunicó de que han informado al Estado de Brasil que no se oponen a un traslados. Pero sí en contra de la forma cómo les obligan a desalojar de su comunidad y que también se oponen al lugar designado para su reubicación, por definirse de manera arbitraria e inconsulta.

“Estamos hablando de las vidas de 300 personas entre niños, adultos y personas mayores, quienes somos descendientes de pueblos originarios y, por tanto, exigimos se respeten y garanticen nuestros derechos al consentimiento y consulta reconocidos en diversos instrumentos internacionales” puntualizó. Por tanto, solicitó a la CIDH interceda ante el Estado de Brasil para que suspenda el proceso de desalojo y se coordine la consulta para coordinar el otorgamiento de un territorio para sus pueblos acorde a los estándares interamericanos.

La situación de los pueblos indígenas en Bolivia es preocupante y merece ser objeto de atención inmediata, debido que en los últimos 14 años se han generado las peores violaciones a los derechos de los pueblos indígenas. Tomas Candia, presidente de laConfederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) orgánica, indicó que “la brutal represión a la novena marcha indígena, en la localidad de Chaparina, fue el hecho más funesto para el Estado Plurinacional, donde se ejerció un nivel de fuerza descontrolado y vergonzoso sobre los pueblos indígenas. Las familias indígenas marchantes, fueron golpeadas, heridas y detenidas ilegalmente; se maniato y amordazo a los indígenas que marchaban, separando a las madres de sus hijos y se secuestró a los comunarios para llevarlos a otra población. Esta violación a nuestros derechos, fue agravada por la liberación de responsabilidad, de las principales autoridades y ministros responsables; generando 9 años de la más vergonzosa impunidad”. Y es que la respuesta tardía de años en los procesos o a veces la falta de respuesta oportuna de los diferentes organismos internacionales, han generado que el Gobierno boliviano se encuentre en un escenario de impunidad, “en el que se ha perseguido y criminalizado a los dirigentes que continuábamos en la lucha por los derechos de nuestros pueblos, concretando la vulneración de nuestro derecho a la libre determinación”, sostuvo.

Del mismo modo, en Colombia, Oscar Daza, coordinador de Derechos Humanos de la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), resaltó que la situación en Colombia ha empeorado en el último año, pues “solo en 2020 se han asesinado 84 líderes y defensores de los derechos humanos indígenas en todo el país, es decir, sea duplicado a diferencia del año anterior”. Uno de los departamentos de Colombia más azotados por los grupos armados legales e ilegales, es el Putumayo, cuya ubicación estratégica y el abandono institucional, ha conllevado a una sistemática violaciones de los derechos humanos, por parte de estos grupos.

Desde la sociedad civil y como parte del acompañamiento a la iniciativa institucional del programa de Defensores y Defensoras Indígenas, Jackeline Borjas, especialista de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), indicó que estas cifras de asesinatos evidencian la ausencia histórica de los Estados, pues han pasado aproximadamente 6 meses desde que se tiene conocimiento de la pandemia y aún persiste la inacción estatal que evidencia una discriminación y desatención deliberada y reiterada, así como una falta de priorización de medidas de prevención y atención urgente en favor de los defensores y defensoras indígenas. Por lo que, además, la demora en la ratificación del Acuerdo de Escazú muestra también el poco interés de los Estados por proteger los derechos de estos defensores.

Del mismo modo, y frente al grave riesgo y contagio de los PIACI en Perú, este espacio sirvió para que AIDESEP y DAR pongan en mesa la importancia del dictamen recaído en el Proyecto de ley N° 4044/2018-CR como un avance positivo que garantiza la intangibilidad efectiva de los territorios PIACI y medidas para ellos frente al COVID. Por lo que solicitaron que haya pronunciamiento para que se priorice su debate en agenda, pues significaría un antecedente positivo e histórico para la región.

NOTA:

Fuente: COICA